Acción judicial congela demoliciones en Palestina por Covid 19

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En respuesta a las acciones legales emprendidas por Adalah, el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel, las autoridades israelíes aclararon el 1 de octubre que están congelando las demoliciones de viviendas en todo el país, en concordancia con las medidas sanitarias por la crisis de COVID-19, dijo hoy un comunicado de prensa de Adalah.

El 17 de agosto, el fiscal de Adalah, Suhad Bishara, envió una carta al fiscal general israelí Avichai Mandelblit y a otros funcionarios estatales exigiendo que detuvieran de inmediato la política acelerada de demolición de viviendas de Israel en los barrios palestinos de la Jerusalén oriental ocupada.

Israel había aumentado sus demoliciones de casas palestinas en la ciudad después de que las tasas de morbilidad de COVID-19 cayeran durante los meses de verano.

Según un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), Israel demolió 31 edificios en Jerusalén Este en julio y agosto, dejando a unas 96 personas sin hogar.

En agosto, y desde principios de 2020, Israel demolió 112 edificios palestinos y, como resultado, 261 personas se quedaron sin hogar, incluidos innumerables niños. Otros 467 residentes palestinos resultaron heridos como resultado de la demolición parcial de estructuras por parte de las autoridades israelíes.

Además, las autoridades israelíes emitieron amplias advertencias sobre la amenaza de demolición de viviendas a los residentes beduinos de la región de Naqab durante el verano e iniciaron procedimientos legales para la demolición de estructuras construidas por beduinos.

El Ministerio de Justicia israelí respondió el 1 de octubre de 2020:

“Después de reexaminar las cosas, y dadas las restricciones impuestas recientemente por el gobierno luego de la mayor propagación del COVID-19, se ha decidido en esta etapa ajustar la política de ejecución de los delitos de planificación y construcción para alinearla con el estado de emergencia, similar a la política que se decidió en marzo de 2020”.

La oficina del Fiscal General agregó que la nueva política se examinaría más adelante, de acuerdo con las políticas de emergencia COVID-19 en evolución del gobierno.

Los detalles publicados por las autoridades israelíes con respecto a la nueva política incluyen:

1. Se reducirá la emisión de órdenes administrativas de demolición y sólo se emitirán órdenes en relación con las nuevas “construcciones ilegales”, en particular las que se hayan aprovechado del estado de emergencia;

2. Como regla general, en caso de emergencia, no se harán cumplir las órdenes de demolición de edificios residenciales;

3. Los avisos de advertencia sobre órdenes de demolición también se mantendrán al mínimo.

Las autoridades israelíes también señalaron que “debido al estado de emergencia, la Unidad Nacional para la Aplicación de la Ley de Planificación y Construcción reducirá sus fricciones con la población”, pero también dejaron claro que la aplicación en relación con los delitos relacionados con nuevas construcciones continuaría.

El abogado Suhad Bishara, director de la Unidad de Derechos de Tierras y Planificación de Adalah, respondió:

“Aunque el cese de la demolición de hogares palestinos en Jerusalén Este por parte de Israel es un paso necesario inmediato, no debería estar condicionado a las restricciones impuestas por el gobierno en respuesta al COVID-19. Mientras nos enfrentemos a esta emergencia, la congelación de las demoliciones de viviendas debe permanecer en vigor. En un contexto más amplio, Israel debe poner fin a las medidas restrictivas impuestas para prevenir el desarrollo de zonas residenciales palestinas en la Jerusalén Oriental anexada ilegalmente y abstenerse de criminalizar y sancionar a quienes se ven obligados a construir o ampliar sus viviendas sin permisos “.

(Con información y ftto de la Agencia de Noticias WAFA)

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